El proyecto enfrenta un ambiente adverso en el Congreso, donde varios líderes políticos lo consideran inviable en un año preelectoral.

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El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República una ambiciosa reforma tributaria, denominada Ley de Financiamiento, con la que busca recaudar $26,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, estimado en $557 billones. La iniciativa, considerada una de las más grandes de la historia reciente, ha generado un intenso debate por su impacto en sectores clave de la economía y en el bolsillo de los ciudadanos. La propuesta contempla un aumento significativo en la carga impositiva sobre el consumo y los patrimonios altos. Uno de los puntos más polémicos es el incremento gradual del IVA a los combustibles, que pasaría del 5% actual al 10% en 2026 y al 19% en 2027 para la gasolina y en 2028 para el ACPM. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que este ajuste tendría una “incidencia marginal” de aproximadamente $466 por galón de gasolina y $256 en el ACPM en su primer año. Sin embargo, gremios como la Andi, en cabeza de Bruce Mac Master, y Fenalco, presidido por Jaime Alberto Cabal, han advertido que esta medida tendrá un efecto inflacionario sobre la canasta familiar y el transporte. El presidente Gustavo Petro defendió la medida argumentando que “el pobre no usa casi gasolina, el que más usa gasolina es el de las cuatro puertas”. La reforma también propone elevar el IVA de licores y cervezas al 19%, lo que según la Fábrica de Licores de Antioquia podría incrementar el precio de una botella de aguardiente en un 45%. Adicionalmente, se plantea reducir el umbral del impuesto al patrimonio a $2.000 millones, imponer una sobretasa de 15 puntos porcentuales al sector financiero para una tarifa de renta total del 50%, y gravar con un 19% de IVA las boletas de espectáculos que superen los $500.000 y los juegos de azar en línea.
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