Entre los acreedores se encuentran entidades como la DIAN, Colpensiones, Porvenir y Protección. El propio Pedro González expresó su dolor por la situación, especialmente por sus empleados: “Estábamos naufragando aferrados a la esperanza de un milagro, que subieran las ventas o se aumentara la utilidad, pero no fue posible”, declaró entre lágrimas. La Superintendencia explicó que se agotaron los mecanismos de recuperación y que la liquidación busca salvaguardar el orden económico y proteger los derechos de los acreedores, priorizando las acreencias laborales. La caída de la cadena refleja las tensiones financieras del sector gastronómico y las dificultades de las empresas medianas para sobrevivir a las cargas fiscales y operativas.