Con el cambio, solo las industrias manufactureras mantendrían el beneficio, mientras que sectores como el agropecuario, minería, construcción, comunicaciones y servicios públicos volverían a pagar el recargo. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aclaró que la medida “no significaría un aumento del 20% en el servicio de energía para los usuarios” en general, sino que busca que las industrias no exentas vuelvan a contribuir a la solidaridad.

Sin embargo, gremios como ANDEG y Fenalco han calificado la propuesta como un “exabrupto” y un “golpe a la competitividad”.

Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, argumentó que el esfuerzo del Gobierno está “mal enfocado”, ya que el problema de fondo es la mala focalización de los subsidios, que según él tienen “errores de inclusión” de hasta el 60%. Los críticos advierten que el incremento en los costos energéticos se trasladará a los precios finales de bienes y servicios, afectando el costo de vida de los colombianos.