Esta propuesta, calificada como expansiva y con un fuerte componente electoral, genera un intenso debate sobre su financiación y sostenibilidad fiscal.

El presupuesto propuesto para 2026 ha sido objeto de críticas por considerarse inflado y desfinanciado, dependiendo en gran medida de una nueva reforma tributaria y un endeudamiento adicional de más de $151 billones. De los tres grandes rubros del gasto, el de funcionamiento es el que más crece, alcanzando los $366 billones, con un incremento del 11,1% respecto a 2025. Dentro de este, los gastos de personal aumentarán en $5 billones (8%) y las transferencias en más de $30 billones (12,3%), lo que analistas asocian con la proximidad de la campaña electoral. En contraste, la inversión pública, aunque crecerá un 5,7% hasta los $88,8 billones, se mantiene estancada en términos de participación en el PIB, representando un 4,6%, por debajo del 5,7% de 2022.

Esta composición del gasto ha llevado a señalamientos de que el presupuesto “parece más para campaña electoral que para el necesario cambio nacional”. Adicionalmente, el servicio de la deuda para 2026 se ubicará en $102,4 billones, de los cuales un histórico 70%, es decir, $70,7 billones, se destinará únicamente al pago de intereses, en lugar de abonar al capital. Para cubrir el gasto total, el Gobierno planea endeudarse en más de $151 billones, lo que equivale a que “tres de cada diez pesos de los ingresos provendrán de nueva deuda”.