reformó la demanda arbitral que adelanta contra Empresas Públicas de Medellín (EPM), elevando sus pretensiones económicas en más de $5 billones. La reclamación inicial, que era de $2,49 billones, ascendió a $7,52 billones, agudizando la disputa legal por presuntos incumplimientos en el contrato BOOMT (construir, operar, mantener y transferir) del megaproyecto hidroeléctrico. La controversia, que se dirime en un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Medellín, se centra en supuestas fallas constructivas y retrasos en la entrada en operación de varias unidades de generación. La compañía demandante, propietaria del proyecto, busca que se declare el incumplimiento del contrato por parte de EPM, que actúa como contratista y operador. Entre los puntos críticos del litigio se encuentran los hitos 7, 8 y 9, relacionados con la puesta en marcha de las unidades de generación, y el Hito 10, que exige la operación comercial de la octava turbina. La actualización del monto reclamado obedece a la inclusión de nuevas cláusulas penales de apremio y a la actualización de las sumas previamente exigidas. El gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, manifestó que este tipo de trámites es normal dentro del proceso y que la empresa responderá a la reforma de la demanda con argumentos técnicos, jurídicos y financieros. EPM ha reiterado su compromiso con la culminación del proyecto, considerado estratégico para la seguridad energética del país, y ha manifestado su voluntad de buscar caminos de diálogo para resolver los conflictos económicos y jurídicos con la Sociedad Hidroituango.