contra Empresas Públicas de Medellín (EPM) se han triplicado, escalando de $2,4 billones a $7,52 billones.
Este incremento sustancial agudiza la disputa legal por presuntos incumplimientos en el contrato BOOMT del megaproyecto y representa un riesgo financiero considerable para la empresa de servicios públicos. La controversia, que se dirime en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, se originó por el retraso en la entrada en operación de la octava unidad de generación de la central hidroeléctrica. La demanda inicial buscaba el pago de cláusulas penales por este incumplimiento. Sin embargo, el 29 de julio, EPM fue notificada de una reforma a la demanda que elevó la reclamación en aproximadamente $5,03 billones. Según la compañía, este aumento obedece a "la actualización de algunas sumas reclamadas y al reclamo de nuevas cláusulas penales por parte de Hidroituango".
EPM anunció que presentará su respuesta formal antes del 22 de agosto, sustentada en argumentos técnicos, jurídicos y financieros. A pesar del endurecimiento del litigio, ambas partes han manifestado su voluntad de explorar un acuerdo para resolver el conflicto. En su comunicado, EPM reiteró su intención de "preservar los intereses y derechos de EPM, HI y demás grupos de interés, apuntando a la continuidad y finalización del Proyecto Hidroeléctrico Ituango", considerado clave para la seguridad energética del país.