La sentencia establece una pena de 12 años de prisión domiciliaria, una multa de 2.420,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de ocho años. La multa, que equivale a más de 3.400 millones de pesos colombianos o aproximadamente 578.000 a 822.000 dólares según las distintas conversiones mencionadas en los artículos, representa una de las sanciones económicas más altas impuestas a una figura pública en la historia reciente del país. Esta sanción, junto con la inhabilidad de 100 meses y 20 días, busca no solo castigar los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, sino también sentar un precedente sobre la responsabilidad de los altos funcionarios. La jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, argumentó la necesidad de la detención inmediata para evitar una posible evasión de la justicia, dado el reconocimiento internacional del expresidente, y para enviar un mensaje de igualdad ante la ley. La defensa del exmandatario, liderada por el abogado Jaime Granados, ha calificado el fallo como una "acción política" con "sesgo" y anunció que presentará el recurso de apelación antes del 13 de agosto, argumentando la necesidad de más tiempo para analizar un documento de más de 1.100 páginas. El caso, que ahora pasará al Tribunal Superior de Bogotá, ha provocado una profunda división en el país, con manifestaciones de apoyo y rechazo, y ha suscitado el pronunciamiento de juristas y políticos que debaten sobre las garantías procesales y la proporcionalidad de la pena.