El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria, una multa superior a los 3.400 millones de pesos (aproximadamente 822.000 dólares) y una inhabilidad de más de ocho años para ejercer funciones públicas. Esta decisión judicial, la primera de este tipo contra un exmandatario en la historia de Colombia, ha generado un profundo debate sobre la independencia de la justicia y el futuro político del país. La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, halló a Uribe culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en calidad de determinador. El fallo, contenido en un documento de 1.114 páginas, ordena la detención inmediata del exmandatario en su domicilio para evitar una posible fuga, argumentando su reconocimiento internacional.
Durante la audiencia, se vivieron momentos de tensión, como cuando Uribe protestó enérgicamente por los comentarios de la jueza hacia sus hijos: “Usted me ha tratado a mí de la peor manera y se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”. El expresidente calificó la sentencia como un “fallo político” con “sesgo” y “determinadores políticos”, y anunció que su defensa apelará la decisión antes del 13 de agosto. La condena ha provocado una polarización inmediata; mientras opositores como el senador Iván Cepeda, víctima en el caso, la consideran una decisión “justa y en derecho”, figuras del Centro Democrático y el expresidente Iván Duque la han rechazado, convocando a movilizaciones para el 7 de agosto y proponiendo una tutela masiva para que Uribe se defienda en libertad. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a respetar la decisión judicial para no socavar la independencia de la justicia.
En resumenLa histórica condena contra Álvaro Uribe establece un precedente judicial en Colombia con significativas consecuencias económicas y políticas, al tiempo que intensifica la polarización nacional y pone a prueba la solidez del Estado de Derecho.