Juristas como el abogado Camilo Cuervo señalaron que frenar contratos vigentes configura un “Hecho del Príncipe”, lo que podría obligar al Estado colombiano a pagar millonarias indemnizaciones a las empresas afectadas, como Drummond y Cerrejón.

Además, la medida pone en una situación precaria el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, alertó que “el comercio internacional no funciona con ideologías ni decretos personales” y que estas acciones unilaterales podrían derivar en litigios que dañen la imagen de Colombia como un socio comercial confiable. A pesar de las advertencias, el Gobierno insiste en su postura, argumentando que el carbón colombiano “alimenta la maquinaria bélica israelí” y que la transición económica del país debe priorizar sectores como el turismo, que según cifras oficiales ya genera más divisas.