El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, afirmando que “Ecuador nos responde con desdén. No está bien”. La principal crítica de Colombia radica en que la deportación se asemeja a una expulsión masiva, prohibida por el Derecho Internacional, al no permitir la plena identificación de los ciudadanos ni la verificación de su situación jurídica. De los más de 600 deportados, las autoridades colombianas solo lograron la detención de 11 personas con órdenes de captura vigentes, una de ellas con circular de la Interpol, mientras que más de 590 quedaron en libertad. En respuesta, Ecuador sostiene que no se trata de una deportación colectiva, ya que se realizaron cerca de 1.000 audiencias individuales en julio y cada caso se tramitó con resoluciones judiciales, asegurando que el Consulado colombiano fue notificado desde el 8 de julio. La medida se enmarca en la estrategia del presidente Daniel Noboa para descongestionar el sistema penitenciario ecuatoriano, que alberga a unos 3.200 reos extranjeros.