La decisión del Gobierno de Ecuador de deportar a más de 1.000 presos colombianos ha desencadenado una crisis humanitaria en la frontera y una fuerte respuesta diplomática por parte de Colombia. Durante la última semana, un primer grupo de 603 connacionales, compuesto por 543 hombres y 60 mujeres, fue trasladado al puente internacional de Rumichaca, y se proyecta la llegada de 493 personas adicionales la próxima semana. La Cancillería colombiana ha calificado la medida como un “gesto inamistoso” y ha presentado una “enérgica protesta”, argumentando que el proceso se inició de manera unilateral, “desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes del Gobierno de Colombia en el sentido de generar un protocolo que permitiera el traslado de estas personas en condiciones dignas”.
El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, afirmando que “Ecuador nos responde con desdén. No está bien”. La principal crítica de Colombia radica en que la deportación se asemeja a una expulsión masiva, prohibida por el Derecho Internacional, al no permitir la plena identificación de los ciudadanos ni la verificación de su situación jurídica. De los más de 600 deportados, las autoridades colombianas solo lograron la detención de 11 personas con órdenes de captura vigentes, una de ellas con circular de la Interpol, mientras que más de 590 quedaron en libertad. En respuesta, Ecuador sostiene que no se trata de una deportación colectiva, ya que se realizaron cerca de 1.000 audiencias individuales en julio y cada caso se tramitó con resoluciones judiciales, asegurando que el Consulado colombiano fue notificado desde el 8 de julio. La medida se enmarca en la estrategia del presidente Daniel Noboa para descongestionar el sistema penitenciario ecuatoriano, que alberga a unos 3.200 reos extranjeros.
En resumenLa deportación unilateral de más de 600 reclusos colombianos desde Ecuador ha provocado una crisis en la frontera de Nariño y una fuerte tensión diplomática. Colombia denuncia la falta de protocolos y garantías, mientras Ecuador defiende la legalidad de la medida, enmarcada en su estrategia de seguridad interna y descongestión carcelaria.