El evento catastrófico ha movilizado a los organismos de socorro y a las autoridades locales y departamentales para atender a los afectados y realizar las labores de búsqueda y rescate en la zona del desastre. Si bien los artículos no detallan el costo económico total de la tragedia, las cifras humanas y de infraestructura reflejan un impacto socioeconómico devastador para la comunidad. La atención de una emergencia de esta magnitud implica una inversión significativa de recursos públicos y privados para la ayuda humanitaria inmediata, la reubicación de las familias damnificadas y la posterior reconstrucción de la zona. La magnitud del desastre, con 27 víctimas mortales y más de 160 familias que lo perdieron todo, evidencia la vulnerabilidad de ciertas comunidades ante los fenómenos naturales y subraya la necesidad de inversiones a largo plazo en gestión del riesgo, ordenamiento territorial y obras de mitigación para prevenir futuras tragedias de esta escala. El proceso de recuperación para las casi 2.000 personas afectadas será largo y requerirá un esfuerzo coordinado y sostenido por parte del Estado y la sociedad civil.