Durante un encuentro con Asocapitales, Carrillo calificó la cifra como "insuficiente e insostenible" y atribuyó la crisis a la falta de aprobación de la ley de financiamiento en el Congreso, afirmando que senadores de oposición "hundieron el presupuesto (...) poniendo en riesgo a 50 millones de colombianos por mezquindad política". Ante este panorama, el director solicitó al Gobierno Nacional el desembolso de 1,9 billones de pesos, amparado en la declaratoria de desastre nacional de 2023. Carrillo advirtió que si el Estado no puede garantizar estos recursos, el Presidente tendría que declarar la emergencia económica, social y ambiental para asegurar la financiación mediante decretos con fuerza de ley. La situación es aún más apremiante considerando el contexto climático. Ghisliane Echeverry, directora del IDEAM, señaló que el país enfrenta una sobresaturación de suelos por lluvias continuas, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos, mientras persisten alertas por incendios en La Guajira. La escasez de fondos compromete la capacidad de respuesta de la UNGRD ante posibles desastres naturales, afectando la protección de las comunidades más vulnerables y la infraestructura del país.