Este convenio busca "aunar esfuerzos administrativos y técnicos" para que la Imprenta Nacional asuma como ejecutor el suministro, personalización, custodia y entrega de las libretas de pasaporte y etiquetas de visa. A pesar de las dudas previas sobre su capacidad, incluso expresadas por la excanciller Laura Sarabia, el documento afirma que la Imprenta certificó poseer la "capacidad técnica y operativa" para desarrollar el proyecto. El acuerdo establece que la Imprenta podrá seleccionar "aliados para la producción, personalización y distribución", aunque no menciona explícitamente a Portugal, país que el Gobierno había señalado como un socio estratégico. Se conformará un comité técnico para supervisar la ejecución y orientar los contratos derivados que se requieran. Un punto clave es que la Imprenta deberá definir un cronograma para la entrada en vigencia del nuevo modelo, con un plazo que no podrá superar el 31 de marzo de 2026, para asegurar el suministro a partir del 1 de abril de ese año. Esto sugiere que, para garantizar la continuidad del servicio tras el fin del contrato con Thomas Greg el 31 de agosto, el Gobierno podría firmar una nueva urgencia manifiesta con la misma firma. El convenio, de nueve páginas, especifica que "no generará erogación alguna para las partes", indicando que cada entidad deberá apropiar los recursos necesarios en cada vigencia fiscal.