La protesta, motivada por la drástica caída de los precios del arroz, el incumplimiento de acuerdos previos firmados en marzo y la falta de control al contrabando, ha escalado con bloqueos viales en puntos estratégicos de Tolima, Huila, Meta, Casanare, Sucre y Norte de Santander, entre otros. Las consecuencias económicas son significativas; solo el gremio de transportadores de pasajeros reportó pérdidas superiores a los 7.800 millones de pesos. La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, alertó sobre una caída del 40 % en la llegada de pasajeros a la terminal de Ibagué y una reducción del 17 % en la ocupación hotelera. Ante la situación, el Ministerio de Agricultura anunció un acuerdo preliminar con la industria (Induarroz) y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), que contempla la fijación de un precio mínimo de referencia para el arroz paddy verde y el arroz blanco mediante un régimen de libertad regulada. Además, se implementará una salvaguardia comercial y se avanzará en un Plan de Ordenamiento Productivo. Sin embargo, Dignidad Arrocera, parte del Comité Nacional del Paro, desmintió haber participado en dicho preacuerdo, afirmando que fue negociado únicamente con los industriales y no con los campesinos en protesta. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, convocó a una nueva mesa de negociación para el lunes 21 de julio a las 10:00 a.m., instando a flexibilizar los bloqueos para avanzar en el diálogo. Los productores, por su parte, exigen la presencia de la ministra en el territorio y soluciones estructurales que garanticen precios justos y rentabilidad para sus cosechas.