Tras su captura, Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar un proceso judicial.

La ofensiva incluyó bombardeos en Caracas y los estados de La Guaira, Miranda y Aragua, afectando bases militares como Fuerte Tiuna y La Carlota. El gobierno venezolano denunció la muerte de civiles y militares, calificando el hecho como una “gravísima agresión militar” y un “secuestro”. Cuba confirmó la muerte de 32 de sus militares que formaban parte del anillo de seguridad de Maduro. Las reacciones internacionales fueron polarizadas: mientras Argentina y Ecuador celebraron la caída de un “dictador”, países como Colombia, Brasil, México, Rusia y China condenaron la acción como una violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, solicitando reuniones de emergencia en la ONU y la OEA. La Unión Europea y España adoptaron una postura más cauta, pidiendo moderación y respeto al orden internacional.