La estrategia se fundamenta en tres pilares principales.

Primero, una fuerte presión militar y de seguridad, evidenciada por el masivo despliegue naval en el Caribe, los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico y la designación de cárteles como organizaciones terroristas, lo que habilita el uso de la fuerza. Segundo, una política migratoria de mano dura, con deportaciones masivas, la eliminación de programas como el TPS y el parole humanitario, y la declaración de emergencia en la frontera sur. El tercer pilar es la coerción económica y diplomática, utilizando sanciones y aranceles para presionar a gobiernos no alineados, como Venezuela, mientras se fortalecen alianzas con líderes ideológicamente afines, como en Argentina. Analistas como Alfredo Toro Hardy describen este enfoque como un regreso “asertivo pero desordenado” a una visión de la región como la “esfera de influencia natural” de Washington. Esta política no solo busca combatir amenazas como el narcotráfico y la migración, sino también controlar recursos estratégicos y desplazar a China, que se ha consolidado como el principal socio comercial de gran parte de Sudamérica.