UU. afirmaron haber destruido al menos 35 embarcaciones, principalmente lanchas rápidas, que según Washington estaban vinculadas a organizaciones narcoterroristas.

Estas operaciones, que se extendieron desde el Caribe hasta rutas marítimas cercanas a Colombia en el Pacífico, dejaron un saldo de más de cien muertos.

La Casa Blanca calificó a las víctimas como “narcoterroristas”, mientras que los gobiernos de Venezuela y Colombia denunciaron los ataques como “asesinatos” y “ejecuciones extrajudiciales”.

La ONU también expresó su preocupación, advirtiendo sobre posibles violaciones del derecho internacional.

Esta escalada militar incluyó el bloqueo y la confiscación de buques petroleros que transportaban crudo venezolano, acciones que Rusia calificó de “piratería”. La sostenida presencia militar y las acciones letales en el mar crearon un clima de máxima tensión y fueron interpretadas por Caracas no solo como una lucha antidrogas, sino como una “amenaza” directa para forzar un cambio de régimen.