Sin embargo, estas acciones han generado fuertes críticas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha calificado los hechos como "asesinatos", y analistas han planteado preocupaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad al tratarse de ejecuciones extrajudiciales sin debido proceso. Por su parte, el gobierno de Venezuela interpreta el despliegue no como una lucha antidrogas, sino como una "amenaza" directa y un intento de forzar un cambio de régimen. Caracas niega cualquier vínculo con el narcotráfico y ha denunciado las acciones como parte de una "guerra no declarada" para apropiarse de sus recursos petroleros.