Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur y amplió las redadas, utilizando aviones militares para las deportaciones y restringiendo severamente el acceso al asilo. Una de las medidas más controvertidas fue el traslado forzoso de unos 250 venezolanos a la megacárcel Cecot en El Salvador, acusados sin pruebas de pertenecer a bandas criminales. Estas políticas han generado un clima de temor entre las comunidades migrantes, lo que, paradójicamente, ha provocado un aumento en el envío de remesas a sus países de origen como una estrategia de prevención ante una posible deportación. La Casa Blanca también ha impulsado la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida que desafía la 14ª Enmienda de la Constitución. Estas acciones reflejan una clara directriz de la administración: “no queremos más inmigrantes latinoamericanos”, según el politólogo Eduardo Gamarra.