En sus comunicados, las fuerzas armadas estadounidenses califican a las víctimas como “narcoterroristas” o “combatientes ilegales” y afirman que las operaciones se basan en inteligencia que confirma el vínculo de las embarcaciones con el tráfico de drogas.

Sin embargo, no se han presentado pruebas públicas ni se ha sometido a los fallecidos a un debido proceso judicial.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha calificado estos hechos como “asesinatos”.

Incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha expresado su preocupación, afirmando que existen “fuertes indicios” de que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales e instando a Washington a investigar su legalidad. La Casa Blanca ha defendido estas acciones amparándose en un hallazgo clasificado del Departamento de Justicia que le otorga la facultad de realizar ataques letales sin revisión judicial.

Esta ofensiva se suma a la creciente presión militar sobre Venezuela, pero su alcance se extiende por rutas marítimas clave, evidenciando una política de seguridad hemisférica agresiva y controvertida.