Esta medida busca desmantelar una red que, según Washington, amenaza la seguridad regional y viola las restricciones internacionales sobre armas. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), detalló que las sanciones apuntan a una red de adquisición y proliferación de armas convencionales. Entre las entidades sancionadas se encuentra una empresa venezolana que habría facilitado la venta de vehículos aéreos no tripulados (drones) de diseño iraní por valor de millones de dólares. La medida busca cortar las cadenas de suministro, financiamiento y transporte de esta tecnología militar. Según el gobierno estadounidense, “el suministro continuo de armas convencionales por parte de Irán a Caracas supone una amenaza para los intereses de Estados Unidos en nuestra región”. Las autoridades norteamericanas enfatizaron que estas acciones responden a la necesidad de hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y contrarrestar el desarrollo de capacidades armamentísticas de Irán. El presidente Trump, en su Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2, ya había establecido como prioridad frenar el programa de misiles balísticos de Teherán.

Tanto Venezuela como Irán han rechazado categóricamente las sanciones. Caracas las calificó como una nueva muestra de “hostilidad”, argumentando que su cooperación con Irán se enmarca en acuerdos soberanos con fines de desarrollo y defensa. Por su parte, Teherán ha negado que su cooperación internacional viole normas y acusa a Estados Unidos de usar la seguridad como pretexto para imponer medidas unilaterales que afectan el derecho de los Estados a establecer relaciones económicas y técnicas.