El presidente Donald Trump confirmó una operación estadounidense contra una instalación portuaria en Venezuela, presuntamente utilizada para el narcotráfico, lo que representa una escalada en la estrategia de presión de Washington contra Caracas. Esta acción, descrita por Trump como el primer ataque terrestre de su campaña antidrogas en la región, ha generado un intenso debate sobre su legalidad y sus implicaciones geopolíticas. La confirmación del ataque por parte de Donald Trump ha marcado un punto de inflexión en la tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela. El mandatario describió la operación con frases como “hace dos noches la destruimos” y habló de una “gran explosión” que eliminó la infraestructura y las embarcaciones en el lugar. Aunque Trump se negó a especificar qué agencia gubernamental llevó a cabo el ataque, fuentes citadas por medios estadounidenses apuntan a que fue una operación encubierta de la CIA ejecutada con drones.
El objetivo habría sido un muelle remoto considerado un punto logístico de la banda criminal Tren de Aragua. Esta acción se enmarca en la operación “Lanza del Sur”, un amplio despliegiegue aeronaval en el Caribe que, según Washington, busca combatir el narcotráfico.
Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro y diversos analistas internacionales interpretan estas acciones como una fachada para un cambio de régimen y el control de los recursos petroleros venezolanos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se pronunció, afirmando que Estados Unidos bombardeó una “fábrica de cocaína” en Maracaibo. El gobierno venezolano niega cualquier vínculo con el narcotráfico, calificando la estrategia de Washington como una “guerra no declarada” y una violación a su soberanía. Críticos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de estas operaciones, que han dejado más de un centenar de muertos en el mar, señalando que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
En resumenEl ataque terrestre en Venezuela, justificado como una operación antidrogas, representa una escalada significativa en la política de presión de la administración Trump. La acción intensifica la confrontación directa con el gobierno de Nicolás Maduro y genera serias dudas sobre su legalidad en el marco del derecho internacional.