Esta acción fue ampliamente interpretada como una injerencia extranjera inaceptable.

El proceso de conteo de votos fue altamente cuestionado, con denuncias de fallas técnicas, inconsistencias numéricas y retrasos prolongados que alimentaron las sospechas de manipulación. En medio de la tensión, la presidenta Xiomara Castro ordenó la anulación de los resultados preliminares y una revisión integral del proceso para preservar la transparencia.

A pesar de las denuncias, el CNE declaró vencedor a Asfura. Tras el anuncio, el secretario de Estado de EE.

UU., Marco Rubio, se comunicó con el presidente electo para felicitarlo y resaltar los “objetivos estratégicos” que comparten ambas naciones.

Sin embargo, figuras como la diputada Johana Bermúdez Lacayo, del Partido Nacional de Asfura, negaron cualquier tipo de injerencia. El caso hondureño es presentado como un ejemplo de que la Doctrina Monroe en su versión 2025 no solo se aplica con despliegues militares, sino también interviniendo en procesos electorales para imponer candidatos afines a los intereses de Washington.