Anunció deportaciones masivas y el desmantelamiento de programas de apoyo, lo que resultó en un aumento del 1.042 % en los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales entre enero y junio de 2025. La segunda justificación de su política es la lucha contra el narcotráfico, declarando a los carteles como organizaciones terroristas para legitimar posibles intervenciones militares. Venezuela ha sido el objetivo principal, con acusaciones sin pruebas contra Nicolás Maduro y un masivo despliegue militar en el Caribe bajo la operación “Lanza del Sur”.

En contraste, la estrategia hacia otros países varía según la conveniencia. Mientras amenaza a Colombia con operaciones militares si “no cooperaba”, y presiona a México con aranceles para contener la migración, ofrece un trato preferencial a gobiernos aliados como el de Javier Milei en Argentina, facilitando paquetes financieros y cerrando acuerdos energéticos a cambio de permitir la presencia de tropas estadounidenses. Esta política de doble estándar se evidencia también en la liberación anticipada del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en EE.

UU.

La estrategia es clara: mantener el control hemisférico a través de un mapa de poder que combina aranceles, despliegues militares y la etiqueta de “terrorismo” para asegurar los “activos vitales” de la región.