El gobierno estadounidense acusa a estos funcionarios de intentar "censurar los puntos de vista estadounidenses" y de "coaccionar a las plataformas estadounidenses para que castiguen" opiniones con las que no están de acuerdo.

La medida ha sido calificada por líderes europeos como "injustificada y coercitiva" y añade una nueva capa de tensión a la ya delicada relación transatlántica. Los cinco funcionarios afectados han desempeñado un papel clave en el desarrollo e implementación de la Ley de Servicios Digitales de la UE, una legislación diseñada para combatir el discurso de odio y la desinformación en línea. Esta ley es vista por sectores conservadores en Estados Unidos como un "arma de censura" contra el pensamiento de derecha. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las restricciones de visa, mientras que Thierry Breton rechazó las acusaciones y comparó la medida con la "cacería de brujas de McCarthy", asegurando que "la censura no está donde piensan". Este choque diplomático podría tener repercusiones en futuras negociaciones comerciales y en la cooperación en otros ámbitos, evidenciando las profundas diferencias ideológicas entre la administración Trump y la Unión Europea en lo que respecta a la gobernanza de internet y la libertad de expresión.