La administración Trump ha implementado una serie de políticas migratorias de línea dura, que incluyen planes para detener hasta 80,000 migrantes en bodegas industriales y un notable aumento en los incentivos económicos para la autodeportación. Estas medidas, que se apoyan en un presupuesto sin precedentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y en tecnología de vigilancia avanzada, conforman una cruzada antimigrante que se ha convertido en un negocio multimillonario para empresas privadas. Según informes de The Washington Post, el gobierno planea habilitar almacenes industriales cerca de centros logísticos para concentrar a decenas de miles de personas y acelerar su deportación. Esta política de detención masiva tiene un alto costo, estimado entre 12 y 24 millones de dólares diarios, ya que mantener a una persona detenida cuesta entre 150 y 300 dólares al día.
Paralelamente, la administración ha triplicado el incentivo para que los inmigrantes indocumentados abandonen el país voluntariamente, ofreciendo 3,000 dólares y el pasaje aéreo a quienes se autodeporten antes del 31 de diciembre.
Esta campaña ha sido promovida incluso con imágenes de Papá Noel actuando como agente de ICE.
El endurecimiento de la política migratoria también se apoya en la tecnología.
Empresas como Palantir, de Peter Thiel, reciben cientos de millones de dólares por crear perfiles de "objetivos" integrando datos de escuelas, hospitales y redes sociales, mientras que Anduril recibirá 250 millones por erigir un "muro virtual" con torres operadas por inteligencia artificial. El presupuesto de ICE, mayor que el de cualquier otra agencia policial estadounidense, es presentado por los críticos como una muestra de las prioridades de la administración, que argumenta no tener fondos para seguros médicos o infraestructura, convirtiendo la "política de odio" en un negocio para unos pocos a expensas del país.
En resumenLa administración Trump ha intensificado su postura antiinmigración mediante una combinación de planes de detención masiva, mayores incentivos económicos para la autodeportación y una inversión significativa en tecnología de vigilancia. Estas políticas han fomentado una lucrativa industria privada en torno a la aplicación de la ley de inmigración, al tiempo que han suscitado críticas por su elevado costo y sus implicaciones humanitarias.