Esta estrategia, justificada como una lucha contra el narcotráfico y el "robo" de activos estadounidenses, ha escalado las tensiones a un nivel crítico, generando denuncias de piratería y una crisis diplomática regional.

Desde agosto, Estados Unidos ha ejecutado el mayor despliegue aeronaval en el Caribe desde 1989, que incluye la presencia del portaaviones Gerald R. Ford. En el marco de esta ofensiva, Washington ha interceptado y confiscado al menos tres buques petroleros —identificados como el Skipper, Centuries y Bella 1— que transportaban crudo venezolano. El propio presidente Trump justificó la presión afirmando que "Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y advirtió que la presión continuará "hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente". La Casa Blanca sostiene que los buques forman parte de una "flota fantasma" que utiliza banderas falsas para evadir sanciones y financiar al gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el "Cartel de los Soles". El gobierno venezolano, por su parte, ha calificado las acciones como "actos de piratería", "robo descarado" y "secuestro", anunciando que llevará la denuncia al Consejo de Seguridad de la ONU. La ofensiva también ha incluido más de veinte ataques contra presuntas "narcolanchas", que han dejado más de un centenar de muertos y han sido calificadas como "ejecuciones extrajudiciales" por líderes como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva. Esta escalada ha provocado la reacción de potencias como Rusia y China, que han denunciado la "conducta de cowboy" de EE. UU. y han ratificado su apoyo a Caracas, advirtiendo sobre el riesgo para la estabilidad regional y la seguridad de la navegación internacional.