A partir del 26 de diciembre, Estados Unidos comenzó a exigir el registro de datos biométricos, incluyendo fotografías y huellas dactilares, a todos los no ciudadanos al ingresar y salir del país.

Esta medida aplica sin excepción a extranjeros de todas las edades, desde niños hasta ancianos, e incluso a residentes legales temporales, marcando una expansión total de los controles fronterizos. Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó una campaña para promover la salida voluntaria de inmigrantes indocumentados. La administración triplicó el incentivo económico ofrecido, elevándolo a 3.000 dólares por persona, además de cubrir el costo del pasaje aéreo a su país de origen. Este programa, que utiliza la aplicación CBP Home para el registro, es presentado por el gobierno como una alternativa más eficiente y económica que las deportaciones forzadas, cuyo costo promedio se estima en 17.000 dólares por persona.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, envió un mensaje contundente: “Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”.

Estas políticas se complementan con planes para convertir bodegas industriales en grandes centros de detención para hasta 80.000 inmigrantes.