La Guardia Costera de EE.

UU. lideró los operativos, interceptando buques como el Skipper, el Centuries y el Bella 1, acusados de formar parte de una “flota fantasma” utilizada para evadir sanciones y transportar crudo venezolano, principalmente a China. La Casa Blanca calificó a estas embarcaciones de usar “banderas falsas” para financiar lo que denomina el “régimen narcoterrorista” de Maduro. La comunidad internacional reaccionó de forma dividida. Mientras Venezuela calificaba las incautaciones de “robo y secuestro” y anunciaba que llevaría el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, recibió el respaldo de Rusia y China. Ambos países denunciaron la “conducta de cowboy” de Washington y acusaron a EE. UU. de violar el derecho internacional y amenazar la paz en América Latina. Expertos y organismos como la ONU advirtieron que el bloqueo podría constituir un “ataque armado” y agravar la crisis humanitaria en Venezuela, además de impactar la economía de Cuba, dependiente del petróleo venezolano.