La reciente designación de un enviado especial para la isla ha sido calificada por Copenhague como una medida “inaceptable” que cuestiona su soberanía. La controversia, que surgió en 2019 cuando Trump expresó su deseo de “comprar” el territorio, se ha intensificado con el nombramiento de Jeff Landry, gobernador de Luisiana, como enviado especial para Groenlandia. Esta decisión fue interpretada por Dinamarca como un paso que vulnera su integridad territorial, lo que llevó a la convocatoria del embajador estadounidense para solicitar explicaciones.

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, se declaró “profundamente indignado”. El interés de Trump no es casual; se enmarca en una estrategia geopolítica más amplia centrada en el Ártico, una región de creciente importancia por el deshielo, la apertura de nuevas rutas marítimas y su riqueza en minerales estratégicos como las tierras raras, cruciales para la industria tecnológica y de defensa. Washington ve con preocupación la creciente presencia de China en la isla a través de inversiones en minería e infraestructura, considerándola una “amenaza estratégica”.

Trump ha justificado su postura alegando “motivos de seguridad nacional”, reafirmando que EE.

UU. “necesita” Groenlandia.

Aunque el gobierno autónomo de Groenlandia ha expresado su disposición a cooperar con EE. UU., ha recalcado que debe ser bajo condiciones de respeto mutuo y que su futuro será decidido únicamente por su población.