Estas operaciones, defendidas por Washington como necesarias, han sido denunciadas por la ONU y varios países como posibles ejecuciones extrajudiciales.

Desde septiembre, el Comando Sur de Estados Unidos ha ejecutado decenas de “ataques cinéticos letales” contra lo que denomina “embarcaciones de bajo perfil” operadas por “narcoterroristas” en el Caribe y el Pacífico Oriental, en el marco de la Operación Lanza del Sur.

Según cifras oficiales, más de 30 lanchas han sido destruidas, con un saldo que asciende a 105 fallecidos.

La Casa Blanca justifica estas acciones letales sin revisión judicial amparándose en un hallazgo clasificado del Departamento de Justicia y en la declaración de un “conflicto armado directo” contra los carteles latinoamericanos.

Sin embargo, esta estrategia ha generado una fuerte controversia.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que existen “fuertes indicios” de que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales e instó a investigar su legalidad. Gobiernos como los de Colombia y Venezuela han calificado los hechos de “asesinatos”. La falta de pruebas públicas que vinculen a todas las embarcaciones con el narcotráfico y la ausencia de debido proceso para las víctimas han alimentado las críticas de organizaciones de derechos humanos y de algunos congresistas estadounidenses, quienes cuestionan la base legal de la ofensiva.