La ofensiva ha sido criticada duramente a nivel internacional.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que existen "fuertes indicios" de que los ataques podrían constituir "ejecuciones extrajudiciales" y pidió al gobierno de EE.

UU. que investigue su legalidad.

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también han calificado los hechos de la misma manera.

La controversia se ha extendido al Congreso estadounidense, donde se ha abierto una investigación por un presunto crimen de guerra relacionado con un ataque en el que se habría rematado a dos sobrevivientes.