Esta ofensiva, justificada como una lucha contra el “narcoterrorismo”, ha generado serias dudas sobre su legalidad y ha sido calificada como ejecuciones extrajudiciales por líderes regionales y organismos internacionales.

Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado más de 27 ataques contra lo que denomina “narcolanchas”, causando la muerte de al menos 104 personas.

El Comando Sur de EE. UU. (Southcom) informa regularmente de estos “ataques cinéticos letales” a través de redes sociales, afirmando que las embarcaciones operadas por “Organizaciones Terroristas Designadas” transitan por rutas conocidas de narcotráfico. Sin embargo, no se han presentado pruebas públicas que confirmen la identidad de las víctimas o su vinculación con actividades ilícitas. La campaña, denominada Operación Lanza del Sur, se enmarca en un contexto de “conflicto armado directo” declarado por Trump contra los carteles latinoamericanos, lo que le permitiría actuar militarmente sin una aprobación explícita del Congreso.

Esta estrategia ha sido criticada por presidentes como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, quienes la han denunciado como “ejecuciones extrajudiciales”.

La ONU, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha advertido que existen “fuertes indicios” de que los ataques podrían constituir violaciones del derecho internacional, instando a Washington a detener las operaciones.

El debate también ha llegado al Congreso de EE.

UU., donde se han presentado resoluciones para limitar el poder del presidente para ordenar estos ataques, aunque sin éxito hasta ahora.