La medida fue calificada como “profundamente preocupante” por Copenhague y ha sido interpretada como un cuestionamiento a la soberanía danesa sobre la estratégica isla ártica. La controversia escaló con la designación de Jeff Landry, gobernador republicano de Luisiana, como enviado especial para Groenlandia. Landry, quien describió el cargo como un “puesto voluntario”, respaldó abiertamente la idea de que la isla se incorpore a EE. UU. Trump defendió el nombramiento asegurando que Landry comprende la importancia “esencial” de Groenlandia para la seguridad nacional estadounidense, citando su ubicación estratégica entre Norteamérica y Europa y su riqueza en recursos minerales.

La reacción del gobierno danés fue inmediata.

El ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, se declaró “profundamente indignado” y anunció la convocatoria del embajador estadounidense para solicitar explicaciones formales, advirtiendo que Dinamarca no aceptará acciones que vulneren su integridad territorial. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, también fijó una posición clara, afirmando que la isla está dispuesta a cooperar con EE.

UU. bajo condiciones de respeto mutuo, pero recalcó que el futuro del territorio debe ser decidido exclusivamente por su población.

Aunque Groenlandia goza de amplia autonomía desde 1979, su defensa y política exterior dependen de Dinamarca. El interés de Trump no es nuevo, pero su insistencia y el nombramiento de un enviado especial han elevado la disputa a un nuevo nivel en un contexto de creciente competencia geopolítica en el Ártico.