El gobierno estadounidense justifica estas acciones como parte de un “conflicto armado directo” contra el narcoterrorismo, pero han sido calificadas como “ejecuciones extrajudiciales” por líderes regionales y organismos internacionales.

Desde septiembre, bajo la denominada Operación Lanza del Sur, las fuerzas estadounidenses han ejecutado más de 27 “ataques cinéticos letales” contra embarcaciones sospechosas de transportar droga. El Comando Sur de EE.

UU. ha informado regularmente sobre estas operaciones, describiendo a las víctimas como “narcoterroristas” y afirmando que las lanchas transitaban por rutas conocidas de narcotráfico.

Sin embargo, no se han presentado pruebas públicas que confirmen la identidad de los fallecidos o su vinculación con actividades ilícitas.

La ofensiva ha sido respaldada por un importante despliegue militar que incluye buques de guerra y el portaaviones Gerald R. Ford.

Presidentes como Gustavo Petro de Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil han condenado los ataques.

La ONU, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que existen “fuertes indicios” de que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, violando el derecho internacional. La controversia se agudizó tras revelarse que en uno de los primeros ataques se habría rematado a dos sobrevivientes, lo que motivó la apertura de una investigación en el Congreso de EE.

UU. por un presunto crimen de guerra. A pesar de las críticas, la Casa Blanca defiende la legalidad de los operativos, argumentando que actúa en defensa de su interés nacional.