Estas acciones marcan una nueva y peligrosa fase de confrontación en el Caribe, con profundas implicaciones económicas y geopolíticas para la región. El presidente Donald Trump anunció la orden de un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”. Esta medida se materializó con la incautación de al menos tres buques, entre ellos el *Skipper* y el *Centuries*, acciones que el gobierno venezolano calificó como “robo descarado” y “un acto de piratería internacional”. Trump justificó la ofensiva afirmando que Venezuela debe devolver “a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”.

En un mensaje en su red social Truth Social, advirtió que Venezuela está “completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”. La ofensiva se enmarca en la Operación Lanza del Sur, que incluye un masivo despliegue aeronaval en el Caribe con el portaaviones Gerald R. Ford.

La Casa Blanca sostiene que la estrategia busca asfixiar financieramente a Caracas, acusando al gobierno de Maduro de usar los ingresos del crudo para financiar “narcoterrorismo, trata de personas, asesinato y secuestro”. En línea con esto, el gobierno de EE.

UU. designó formalmente al “régimen venezolano” como una organización terrorista extranjera.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esta postura al asegurar que Maduro coopera con grupos como las disidencias de las FARC y el ELN. La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación; China acusó a Washington de violar el derecho internacional, Rusia advirtió sobre consecuencias “impredecibles” y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó sobre el riesgo de una “catástrofe humanitaria”.