Estas medidas no solo afectan al grupo armado, sino también a cualquier persona o entidad que tenga vínculos con él, congelando sus activos y persiguiendo sus redes financieras a nivel global.

El secretario Rubio justificó la medida describiendo al Clan del Golfo como una "organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros" cuya principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína. Esta designación se suma a otras realizadas por la administración Trump contra grupos criminales latinoamericanos, como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. La decisión de Washington tiene implicaciones directas para la política de "paz total" del gobierno colombiano de Gustavo Petro, que actualmente mantiene una mesa de diálogo con el EGC en Catar. Analistas señalan que la designación como grupo terrorista complica las negociaciones, ya que limita el margen de maniobra del gobierno colombiano y refuerza un enfoque punitivo y de cooperación militar con Estados Unidos, en lugar de uno basado en el sometimiento colectivo.