Esta ofensiva, denominada Operación Lanza del Sur, ha dejado un saldo oficial de 104 fallecidos. El Comando Sur de EE.

UU. (SouthCom) anuncia rutinariamente estos "ataques cinéticos letales", afirmando que la inteligencia confirma que los buques transitan por rutas conocidas de tráfico de drogas.

Sin embargo, no se han presentado pruebas públicas que vinculen a las víctimas directamente con actividades ilícitas.

La campaña militar ha sido objeto de un intenso debate jurídico y político.

Gobiernos como los de Colombia y Venezuela han denunciado los ataques como asesinatos.

La ONU, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha advertido que existen "fuertes indicios" de que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, violando el derecho internacional al no demostrarse que las víctimas representaban una amenaza inminente. A pesar de las críticas y la presión de legisladores demócratas en el Congreso estadounidense, que exigen mayor supervisión y transparencia, la Casa Blanca defiende las operaciones como necesarias para la seguridad nacional y se reserva el derecho de usar "todos los elementos del poder nacional" para proteger sus intereses.