Estas acciones, calificadas por Caracas como "piratería", han elevado la tensión en el Caribe a niveles sin precedentes.

En una escalada de su política de "máxima presión", el presidente Donald Trump ordenó un "bloqueo total y completo" a todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Esta directriz se materializó con la intercepción y confiscación de al menos tres tanqueros en menos de una semana: el Skipper, el Centuries y el Bella 1. La justificación de Washington, articulada por funcionarias como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, es que estas embarcaciones forman parte de una "flota fantasma" o "flota en la sombra" que utiliza "banderas falsas" para traficar petróleo de la estatal PDVSA, financiando así lo que denominan el "régimen narcoterrorista" de Nicolás Maduro. El Gobierno venezolano ha rechazado categóricamente estas acciones, calificándolas de "robo y secuestro". La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el país acudirá a instancias como el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar la violación de múltiples normativas internacionales, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima. China también condenó las incautaciones, acusando a Washington de "violar el derecho internacional" y oponiéndose a "sanciones unilaterales ilegales". El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, defendió el derecho de Venezuela a cooperar con otros países.

Estas operaciones buscan asfixiar financieramente a Caracas, cortando su principal fuente de ingresos y afectando sus exportaciones, cuyo principal destino es China.