Esta medida, calificada por Caracas como una “grotesca amenaza”, establece una barrera física al comercio de crudo venezolano.

La orden presidencial, anunciada a través de la red social Truth Social, representa un endurecimiento sin precedentes que pasa de las sanciones económicas a una acción naval directa. Trump justificó la medida al designar al gobierno de Nicolás Maduro como una “organización terrorista extranjera”, acusándolo de utilizar los ingresos del petróleo para financiar “el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”. Además, el mandatario afirmó que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”, una fuerza que, según él, “solo seguirá creciendo”. Esta demostración de fuerza busca impedir que cualquier buque sancionado entre o salga de puertos venezolanos, asfixiando así la principal fuente de ingresos del país. El gobierno venezolano denunció la medida como una violación flagrante del derecho internacional, la libre navegabilidad y el comercio, y anunció que llevará el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Analistas advierten que este bloqueo podría constituir un acto de guerra si se aplica sin la autorización del Congreso estadounidense, lo que ha llevado a legisladores demócratas a presentar resoluciones para limitar los poderes de guerra del presidente en la región. La medida ya ha provocado un aumento en los precios del petróleo y amenaza con agravar la crisis económica y humanitaria en Venezuela.