Estas políticas, que buscan reforzar el control fronterizo y combatir el fraude, han generado alarma entre expertos y defensores de los derechos de los inmigrantes. Uno de los planes más controvertidos es el aumento de los casos de desnaturalización. Según una guía interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) filtrada por The New York Times, Washington exige a sus oficinas multiplicar el número de expedientes de cancelación de nacionalidad, con una meta de hasta 1.500 personas al año. La justificación es reforzar la lucha contra el fraude en la obtención de la ciudadanía, pero sus críticos advierten sobre retos éticos y prácticos.

Paralelamente, la Casa Blanca ha endurecido su mensaje hacia los inmigrantes indocumentados, instándolos a “irse a casa” voluntariamente.

Tom Homan, encargado de la política fronteriza, advirtió que quienes no lo hagan serán buscados, encontrados y deportados. Esta política de “autodeportación” se complementa con operativos que ofrecen pagos de 1.000 dólares a migrantes que decidan abandonar el país. Además, tras el tiroteo en la Universidad de Brown, el gobierno suspendió el programa de “lotería de visas” (green cards) y amplió la prohibición de entrada a ciudadanos de más de 30 nacionalidades, consolidando una política migratoria de línea dura.