Inmediatamente, congresistas que apoyaron la ley que obligaba al gobierno a difundir los archivos denunciaron que la publicación era insuficiente. La Casa Blanca confirmó que la divulgación sería limitada, argumentando que los documentos fueron revisados para proteger procesos judiciales en curso y la identidad de personas no vinculadas formalmente a delitos. Esta postura ha sido criticada por organizaciones civiles y analistas, quienes consideran que la publicación incompleta podría alimentar la especulación sobre responsabilidades aún no esclarecidas de figuras influyentes del ámbito económico y político salpicadas por el escándalo. La controversia vuelve a poner el foco en el manejo político y judicial del caso, y en la necesidad de una revelación completa de los archivos para recuperar la confianza pública y esclarecer totalmente los hechos relacionados con el fallecido multimillonario.