El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que clasifica formalmente al fentanilo como un "arma de destrucción masiva". Esta decisión reconfigura la crisis de opioides, pasando de ser un problema de salud pública a una amenaza a la seguridad nacional, lo que justifica un enfoque de confrontación. Al firmar la orden, Trump declaró: "Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal (...), clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es". El mandatario magnificó las cifras de muertes, estimando entre 200.000 y 300.000 anuales, y afirmó que adversarios de Estados Unidos trafican la droga "en parte porque quieren matar a estadounidenses".
Esta reclasificación tiene implicaciones significativas en la política exterior.
El congresista Carlos Giménez respaldó la medida, utilizándola para señalar directamente a México. Según Giménez, llamar "WMD" al fentanilo "reconfigura el marco desde salud pública y crimen organizado hacia la excepcionalidad de la guerra".
En esta lógica, México deja de ser un socio para convertirse en un "responsable preferente" y un "territorio de cárteles". Este encuadre busca legitimar políticamente el endurecimiento de posiciones y justificar una agenda de mayor presión sobre países vecinos, convirtiendo el problema en un "parte de guerra" en lugar de abordarlo desde la cooperación y la salud pública.
En resumenLa designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por parte de Trump transforma una crisis sanitaria en una amenaza a la seguridad nacional. Esta medida no solo altera el enfoque doméstico, sino que también sirve como herramienta geopolítica para justificar posturas más agresivas y de confrontación hacia países como México, enmarcando la lucha contra las drogas en una lógica de guerra.