Esta clasificación redefine la naturaleza del conflicto, justificando medidas coercitivas extremas como el bloqueo naval y abriendo la puerta a posibles acciones militares directas.

La decisión, anunciada por Trump a través de sus redes sociales, constituye un punto de quiebre en la política de Washington hacia Caracas. La Casa Blanca justificó la medida alegando que el régimen venezolano utiliza sus activos, como el petróleo, para financiar "narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro". Esta designación proporciona el marco legal y político para las acciones más agresivas de la administración, incluyendo el "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados" y la campaña militar "Lanza del Sur". Según analistas como el profesor Víctor Mijares, esta estrategia ya no se limita a los carteles de la droga, sino que "plantea la posibilidad real de emplear la fuerza directamente contra el régimen de Nicolás Maduro y su estructura civil y militar". Al calificar al Estado venezolano como una entidad terrorista, Washington se otorga mayores facultades para actuar sobre sus activos y personal, elevando significativamente la probabilidad de un choque directo. La medida ha sido calificada por Venezuela como una "agresión imperialista" y una violación del derecho internacional, mientras que congresistas demócratas en Estados Unidos han intentado, sin éxito, aprobar resoluciones para limitar la autoridad del presidente para iniciar hostilidades sin la aprobación del Congreso.