Por un lado, se firmó una orden ejecutiva que amplía las restricciones de entrada a ciudadanos de más de 30 nacionalidades, argumentando razones de seguridad nacional. Por otro lado, se ha puesto en marcha una ofensiva para aumentar los casos de desnaturalización, es decir, la revocación de la ciudadanía a personas que la obtuvieron presuntamente de forma fraudulenta. Documentos filtrados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) exigen a sus oficinas multiplicar el número de expedientes de cancelaciones de nacionalidad, poniendo en la mira a millones de ciudadanos naturalizados.

A esto se suma un mensaje directo y contundente hacia la población indocumentada.

Tom Homan, encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, instó a los inmigrantes a regresar voluntariamente a sus países de origen: "Haga lo correcto y váyase a casa.

Es lo más humano que puede hacer". Homan advirtió que, de lo contrario, las autoridades los buscarán y deportarán, lo que acarrearía impedimentos legales para un futuro reingreso. Estas políticas se complementan con la terminación de programas como la "lotería de visas" y los permisos de reunificación familiar, consolidando una estrategia de control migratorio de línea dura.