Estas acciones buscan asfixiar económicamente al gobierno venezolano y desmantelar las redes que le permiten eludir las restricciones internacionales.

El Departamento del Tesoro de EE.

UU. incluyó en su lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, conocidos como los “narcosobrinos”, quienes ya habían sido condenados por narcotráfico en 2016 y posteriormente indultados por la administración Biden en 2022.

Según Washington, ambos retomaron sus actividades ilícitas en 2025.

El tercer sancionado es Carlos Erik Malpica Flores, exvicepresidente de la petrolera estatal PDVSA, a quien también se le habían retirado las sanciones previamente. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas medidas buscan deshacer “el fallido intento de la Administración de Biden de llegar a un acuerdo con Maduro”. Además, se sancionó al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano y a seis empresas de transporte de crudo, junto con el bloqueo de seis buques cisterna, por participar en “prácticas de transporte marítimo engañosas” que, según el Departamento de Estado, financian a un “régimen narcoterrorista”. Estas sanciones se produjeron poco después de la incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, demostrando una estrategia coordinada para golpear la principal fuente de ingresos del país y a su estructura de poder.