Sin embargo, las operaciones fueron objeto de duras críticas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) las calificó como posibles “ejecuciones extrajudiciales”, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su alarma por el uso de fuerza letal. Gobiernos como el de Venezuela y Colombia también manifestaron su preocupación; el presidente Gustavo Petro advirtió sobre el riesgo de una escalada militar en la región. La controversia se intensificó por la falta de transparencia, ya que Washington no presentó pruebas públicas que vincularan a las víctimas con organizaciones criminales, y se negó a publicar el video completo de un polémico ataque en el que se habría rematado a sobrevivientes. Estas acciones llevaron a que altos funcionarios, como los secretarios de Estado y de Guerra, fueran citados a comparecer ante el Senado de EE.

UU. para rendir cuentas.