Según Trump, el “régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo y los yacimientos robados para financiarse”.

La declaración de organización terrorista otorga a la administración estadounidense un marco legal más amplio para imponer sanciones, congelar activos y perseguir a individuos y entidades asociadas con el gobierno venezolano. Esta medida es el fundamento de acciones como el bloqueo a petroleros y la incautación de buques como el 'Skipper', que ahora son presentadas no solo como sanciones económicas, sino como parte de una lucha contra el terrorismo. La decisión ha sido criticada por el gobierno de Maduro y algunos actores internacionales como una extralimitación y una justificación para una posible intervención militar, mientras que la administración Trump defiende la medida como necesaria para la seguridad nacional estadounidense.