La embarcación, identificada como M/T Skipper y anteriormente llamada Adisa, transportaba cerca de 1.9 millones de barriles de crudo venezolano, valorados en aproximadamente 80 millones de dólares. Según la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, el buque había sido sancionado desde 2022 por su participación en una "red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras", presuntamente moviendo crudo de Venezuela e Irán. Las autoridades estadounidenses revelaron que el Skipper operaba con una bandera falsa de Guyana y tenía un historial de falsificar su ubicación satelital para ocultar sus operaciones. La Casa Blanca confirmó que el petrolero será llevado a un puerto estadounidense y su cargamento confiscado, siguiendo un proceso legal.

El gobierno de Nicolás Maduro denunció el hecho como parte de un plan deliberado de Washington para apoderarse de los recursos energéticos de Venezuela y anunció que acudirá a instancias internacionales. Esta acción se enmarca en una estrategia más amplia de presión económica y militar de la administración Trump, que ha advertido sobre futuras intercepciones para desmantelar la red de exportación petrolera de Caracas.