Esta acción se suma a la creciente presión económica y militar sobre el gobierno venezolano.

El Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, conocidos como los “narcosobrinos”, y a Carlos Erik Malpica Flores. Según Washington, los dos primeros, quienes fueron indultados en 2022 por la administración anterior en un intercambio de prisioneros, retomaron sus actividades de narcotráfico en 2025. Malpica Flores, exvicepresidente de la petrolera estatal PDVSA, también fue sancionado nuevamente después de que se le retiraran las medidas en 2022 para facilitar un acuerdo electoral con Maduro.

La batería de sanciones también afecta al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano y a seis compañías navieras y seis buques vinculados al sector petrolero venezolano.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las sanciones buscan deshacer “el fallido intento de la Administración de Biden de llegar a un acuerdo con Maduro”. El Departamento de Estado complementó que los sancionados apoyan “al régimen corrupto e ilegítimo de Maduro”. Estas medidas se producen en un contexto de máxima tensión, después de que EE. UU. incautara un buque petrolero y realizara operaciones militares en el Caribe, las cuales Washington vincula a la lucha contra una red de narcotráfico supuestamente liderada por el gobierno venezolano.